Piden mandar a juicio a tres exjefes de gabinete de CFK e investigar al Tribunal de Cuentas del Chaco
Es por el dinero que entregó el Estado para que distintos municipios de todo el país lo invirtieran para el tratamiento de residuos y – según la Justicia – no se destinó para ese fin.
Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.
Luego de que el pasado agosto el juez Bonadio le haya pedido al discal Carlos Rívolo que avance en la elevación a juicio de varios involucrados en el caso, el representante del Ministerio Público hizo lo propio.
El fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco en la aprobación de las rendiciones de cuentas de algunos municipios y que podrían ser delitos.
De esta manera, según consignó el sitio Infobae, Rívolo decidió enviar a juicio a tres ex jefes de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Abal Medina en la causa que investiga un manejo irregular de dinero destinado de manera “discrecional” de caudales públicos.
Además también se envió a juicio a varios intendentes que recibieron los fondos de Nación, entre ellos Daniel Capitanich por su tarea al mando de Campo Largo. También el ex intendente de Quilmes Francisco Gutiérrez y el intendente de San Antonio de Areco Francisco Durañona.
En el dictamen divulgado por el nombrado medio nacional, Rívolo consideró que «no podemos dejar de resaltar que la República Argentina se ha obligado a perseguir y sancionar actos de corrupción como el que es objeto de estos actuados».
Para el fiscal, «las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios que gestionaron los fondos asignados a aquel proyecto (un total aproximado de $590.136.927), han incidido directamente en que, habiendo transcurrido más de una década desde la implementación del Programa, el país se encuentre sumamente atrasado en materia de tratamiento de los residuos que generan sus habitantes y que, a grandes rasgos, no se hayan cumplido los principales objetivos fijados en el Proyecto», lo que privó «a la ciudadanía de gozar de una mejor calidad de vida en materia ambiental».
Y agregó que «a esta altura, no resulta llamativo que el 35,3% de la población cuente con una disposición final inadecuada de sus residuos, por cuanto un 9,9% los deposita en vertederos controlados y, un 24,6%, en basurales a cielo abierto».
El paso siguiente es que Claudio Bonadio evalúe ahora si las pruebas recavadas son suficientes para que el caso se mande a juicio oral.
Por su parte, si bien no hubo una elevación a juicio oral por parte de Rívolo, los siguientes intendenes chaqueños siguen procesados:
Lorenzo Heffner (Villa Río Bermejito), Hector Justino Vega (Machagai), Carlos Antonio Ibañez (Taco Pozo), Estela Carina Mitoire (La Eduvigis), Alfredo Osvaldo Zamora (Quitilipi), Gustavo Karasiuk (Pampa del Indio), Ángel González (Capitán Solari), Francisco Winnik (La Escondida), Alfredo Pastor (Coronel Du Graty), Gustavo Steven (Santa Sylvina), Carlos Andión (Pampa del Infierno), Walter Correa (Fuerte Esperanza), Alicia Leiva (Colonias Unidas), Elba Lezcano (Samuhu), Jorge Armando Batalla (Presidencia Roca), Aldo Adolfo Leiva (General San Martín), María Susana Simonofski (Villa Ángela), Oscar Alberto Nievas (Juan José Castelli) y Carlos Gerardo Palacios (Tres Isletas).
Además los jefes comunales de otros puntos del país involucrados son
Raúl Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Héctor Carlos Godoy, José Antonio López, Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.
LA CAUSA
La Justicia Federal investiga desde 2016 un posible manejo irregular de dinero destinado de manera “discrecional” de caudales públicos. La investigación estima que se trata de unos $600 millones.
Todo nació luego de una auditoría realizada por el actual gobierno nacional en la Secretaría de Ambiente con participación de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la Jefatura de Gabinete, según consigna el diario Clarín.
Esa auditoría “reveló que no hubo un adecuado estudio de los municipios que necesitaban de la ayuda nacional a través del programa implementado desde el gobierno a cargo de Cristina Kirchner y que, por el contrario, se habrían cometido delitos en el manejo de esos fondos, según la investigación desarrollada por el juzgado a cargo de Bonadio”, agrega el matutino.
Alguna de las irregularidades encontradas son “falta de control interno en la ejecución de los proyectos”, “rendiciones vencidas” y «modificaciones e incumplimientos parciales o totales».
Los responsables políticos del manejo del programa fueron los ex jefes del Gabinete kirchneristas entre 2013 y 2015 Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.
